
La ciudad de Buenos Aires se encuentra en una crisis ambiental y climática. La temperatura máxima en la Ciudad ha ido aumentando significativamente desde 1960. Sin embargo, en lugar de adoptar las medidas necesarias para paliarla, el modelo urbanístico consolidado desde hace décadas ha fomentado el fenómeno del calentamiento a partir de la ocupación del medio litoral, la sobreedificación especulativa y la privatización sistemática de las zonas verdes públicas.
El desarrollo inmobiliario en Costa Salguera no es sólo la pérdida definitiva de una parte del frente marítimo, que debería ser el bien común de todos los ciudadanos para su disfrute ilimitado, sino que es el inicio de la densificación de la población y la construcción de todo el eje costero.
En este contexto, el principio de progresividad establece la prohibición de que los logros de mayor protección ambiental puedan ser revertidos. Este principio se basa en el contexto actual de peligro ambiental y, también, en respetar el esfuerzo de los ciudadanos organizados para que no tengan que defender permanentemente las conquistas ambientales frente al gobierno de turno. En esta historia, desde hace al menos treinta años los ciudadanos de Buenos Aires han estado tratando de recuperar la costanera y han logrado incorporar esta lucha en los instrumentos legales, constitucionales y de planificación. Este proyecto inmobiliario en Costa Salguero es una síntesis del absurdo ecológico, urbanístico y social. El consenso mundial, en el contexto de la crisis climática, define la importancia estratégica de la recuperación costera. Para mitigar el eventual aumento del nivel del agua, restaurar sus humedales para preservar la biodiversidad y mitigar el impacto de las inundaciones, y crear biocorredores que permitan el acceso del viento desde las costas para reducir el llamado efecto isla de calor urbano. Por otro lado, la ciudad de Buenos Aires enfrenta dos amenazas de origen natural: inundaciones y olas de calor. La apropiación del entorno ribereño para el desarrollo de megaproyectos inmobiliarios evidencia la negación de la crisis climática por parte del poder político. Una negación que se refleja incluso en una de las leyes más relevantes para el urbanismo, como es el Código Urbano. Esta ley establece que la costa no debe ser considerada un área amenazada por las aguas.
A la desigualdad histórica que existe entre el norte y el sur de la ciudad, con la línea imaginaria establecida en la avenida San Juan, hay que sumar los procesos que consolidan las nuevas fisuras urbanas, entre el este y el oeste de la ciudad. Al este, “Ciudad Ribereña” destinada a la población de mayores recursos económicos, quienes podrán disfrutar de amplias áreas verdes, amplia conectividad y vistas al río. En cambio, en el oeste, la «ciudad mediterránea» se caracteriza por el colapso de los servicios públicos de vivienda, la falta de equipamientos urbanos, el transporte público saturado y una crisis ambiental provocada por la contaminación y la falta de espacios verdes. Estamos hablando de la creación discrecional de una nueva desigualdad urbana entre el oriente y el poniente de la Ciudad, con una línea imaginaria ubicada en la Av. Libertador y Paseo Colón.
El debate sobre el destino de la Costanera en la ciudad de Buenos Aires confronta dos modelos urbanos antagónicos. Por un lado, gran parte de la ciudadanía defiende lo público como bien común y da máxima prioridad a las zonas verdes para proteger la salud de la población, solucionar la crisis climática y luchar por la igualdad urbana. Por otro lado, las transacciones de capital financiero-inmobiliario fortalecen el modelo urbano de apropiación y concentración de espacios públicos, cuyas consecuencias son la fragmentación social y espacial y la incertidumbre de todas las dimensiones de la vida urbana.
María Eva Koutsovitis es ingeniera hidrotécnica, coordinadora de la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria, y Jonatan Baldiviezo, abogado, es presidente de la asociación Observatorio del Derecho a la Ciudad.
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