El alemán Garavano se pronunció en el proceso político ante la corte, en diputados.// Foto de Pepe Mateos
El exministro de Justicia Macrista Germán Garavano se desmarcó en el Congreso del fallo 2-1 de la Corte Suprema a favor de represor Luis Muiña, condenado por crímenes de lesa humanidadcuando afirmó que “no cabe ese cálculo” en este tipo de delitos ni “donde hubo violación o asesinato”, y reveló que “diferencias» con la etiqueta por decreto de los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz del máximo tribunal.
Garavano lo reveló al declarar ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, donde se encuentra en curso el juicio contra cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, acusados de mal hacer.
La exministra fue invitada por la instancia parlamentaria presidida por Caroline Gaillard (Frente de Todos) a explicar la regla 2×1 (doble cómputo por cada día de detención sin juicio) emitido por la Corte en 2017 a favor del represor Muiña, que forma parte de una de las acusaciones contra los ministros del máximo tribunal.
Ante el testimonio del exfuncionario, el dirigente Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlottoquien aseveró que la sentencia Muiño “expuso el profundo cinismo” de los integrantes de la Corte porque la decisión “favoreció a los responsables de los más graves delitos”.
Al comenzar su testimonio, Garavan explicó que no pudo responder algunas preguntas ya que tenía una causa judicial promovida por representantes de la FdT y “me crea un problema con el artículo 18 de la constitución nacional y me pone en una situación difícil a la hora de declarar”. Explicó que no tiene una «situación de amistad con los jueces de la Corte que afecte mi testimonio».
de todos modos, evitó responder varias preguntas de los diputados oficialistas Leopold Moreau y Rodolfo Tailhade, quien cuestionó duramente al exministro sobre las conexiones que tenía con el exfuncionario judicial y operativo macrista Fabián «Pepín» Rodríguez Simón y la exmagistrada de la corte Elena Higton de Nolasco. No faltaron los cruces de diálogos entre oficialistas y opositores sobre la «negación» de los crímenes de la dictadura militar.
Sobre Rodríguez Simón, Garavano dijo: «No estoy seguro si fue asesor del presidente, lo he visto algunas veces, pero no le pregunto a la gente qué están haciendo aquí».
Gavarano admitió que tenía «discusiones en cuanto al proceso de designación de jueces“Al hablar del nombramiento por decreto de Rosenkrantz y Rosatti” de Macri en 2016, que fue ratificado por el Congreso tras fuerte polémica.
Garavano trató de distanciarse de esa decisión y enfatizó que luego «trabajó mucho para lograr la aprobación (del pliego) en el Senado», donde «se llevó a cabo un proceso democrático y participativo».
Sobre el veredicto de Muiño, dijo que “además de que respeto la independencia del poder judicial, el 2×1 no era ni es aplicable, no solo en casos de crímenes de lesa humanidad, sino también en delitos de violación o asesinato. Es una regla que siempre he criticado». Pero aclaró que la decisión sobre la justicia «no se la puede asignar al gobierno».
Dijo que «no está de acuerdo con muchas de las decisiones de la Corte, pero esa es la esencia de la democracia, porque si han cometido un delito o infringido la ley, está muy bien que sean acusados, pero no por el contenido de su decisiones». , no lo es, es parte de la democracia».
Cuando le preguntó el P. que habló con Higton de Nolasco sobre el veredicto de MuiñoEl líder de Macri señaló que «nunca he hablado con el Dr. Highton sobre el caso Muiño, en general no he hablado de ningún caso» y también negó que haya discutido el tema con Rodríguez Simón o José Torello, quien anteriormente fue consejero de Macri. asesor principal para ser senador PRO nacional.
También negó haber dado instrucciones al director de Asuntos Jurídicos del Ministerio, Pedro Diezpara indicar qué acción se debe tomar en relación al amparo presentado por Highton (permanecer como juez de la Corte a pesar de cumplir 75 años) y dijo que se enteró del fallo Schiffrin “cuando se supo” sobre esa resolución que Precisamente, permitió que el juez de La Plata Leopold Schiffrin siguiera en el cargo después de esa edad.
También está tratando de determinar si la decisión de no apelará el fallo que permitió a Highton de Nolasco permanecer en el cargo más allá de los 75 años que establece la Constitución está ligado al voto positivo del exjuez en el caso Muiña.
Garavan también dijo en la segunda parte de la presentación «tuvo reuniones oficiales con la corte donde habló del presupuesto ya veces del (impuesto a la renta)”, pero señaló que “no recuerda haber pasado por el Consejo de la Judicatura”.
Moreau también le recordó a «graves acusaciones» del exjefe de la Unidad Especial de Investigación del atentado a la AMIA Mario Cimavedilla, quien lo acusó de “buscar impunidad para los exfiscales Eamon Müllen y José Barbaccia”, a quienes se acusa de anomalías en la investigación del ataque de 1994 a la Mutual Judía.
En este sentido, Garavano dijo que “cuando Cimavadella se quedó sin trabajo, presentó una denuncia penal que fue rechazada por los tribunales”, porque sus declaraciones, dijo, «son falsos».
También consultó se entrevistó con el testigo protegido Leonardo Fariño -quien fue condenado por lavado de dinero y testificó en la causa contra la expresidenta Cristina Kirchner- para negociar una supuesta reducción de su pena, Garavano dijo que estuvo «mucho tiempo investigado en el poder judicial, investigado por (el fiscal) Federico Delgado , luego de dos años antes llegó a la conclusión de que no es la forma en que lo expresaste. Todas sus afirmaciones son incorrectas o falsas».
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En la última parte de la reunión de la comisión, los periodistas Silvana Boschi -exdirectora de Clarín, autora del libro «Los secretos de la Corte»-, Martín Granovsky, Irina Hauser y Luciana Bertoia (página 12) e Ignacio Miri (Clarín) señalaron .
Además, Estela de Carlotto leyó un documento de varias páginas que detalla varias decisiones judiciales que afectan a organizaciones de derechos humanos y dijo que su abogado respondería preguntas de los legisladores.
En la carta, Carlotto precisó que “en mayo de 2020, el ministro Rosenkrantz convocó a una reunión. En Abuelas, decidimos no asistir; nuestra sospecha fue tan cierta que no hubo una medida o acción concreta después de esa reunión”.
Además, calificó la sentencia de Muiña como «un intento de golpe de Estado contra la lucha de las víctimas y familiares» y dijo que «expuso el profundo cinismo por parte de Rosatti, Rosenkrantz y Highton, desde el resultado que propugnaron en ‘Muiña’, con la absurda aplicación de la Ley 24.390 (condiciones de la prisión preventiva), la imputaron a la dilación en la tramitación de causas, ya sean juicios en curso o instancias recursivas en curso en todas las instancias judiciales de las que la propia Corte es el vértice” .
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