La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el pedido de la vicepresidenta Cristina Kirchner de endurecer los cargos contra miembros del grupo Revolución Federal, acusados de «incitación a la violencia colectiva».
En una decisión judicial a la que tuvo acceso Télam, los sirvientes Daniel Antonio Petrone y Diego Barroetaveña sostuvieron que Los representantes legales del vicepresidente no lograron «refutar adecuadamente la inexistencia de una presunción objetiva de admisibilidad que el panel de apelación señaló como una objeción a la apelación mencionada».
De esta forma, finalizó la sentencia de la Primera Sala del Consejo Nacional de Apelaciones en lo Penal y Penal, que confirmó la persecución penal de Jonathan Ezequiel, Morel, Leonardo Franco Sosa, Gastón Ezequiel Guerra y Nilda Sabrina Basile, pero no hay prisión preventiva.
El recurso de la vicepresidenta buscaba la acusación por el delito más grave de concierto para delinquir, algo que resolvió el juez del caso Marcelo Martínez De Giorgi, pero fue revocado por los ayuda de cámara Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi.
El recurso contra la demanda solicitaba la modificación de la acusación que se dirigía contra los integrantes de este grupo, pero los jueces de casación consideraron que «la resolución impugnada no tiene carácter de sentencia firme, ni es igual en cuanto a sus efectos». , ni se trata de ningún registro contenido en el artículo 457 de la Ley Nacional de Procedimiento Penal (CPPN)”.
Asimismo, la Casación ordenó reducir el monto del embargo para estos cuatro miembros de la Revolución Federal “hasta cubrir la cantidad de 4.000.000 de dólares (cuatro millones de pesos) por cada uno”.
“La denuncia tampoco ha logrado demostrar la existencia de una cuestión federal que le confiera competencia a este panel como tribunal arbitral, bajo la doctrina establecida por la Corte Suprema en Di Nunzio”, dijo el juez Carlos Mahiques en su disidencia.
antorchas y artículos
Las actividades de Revolución Federal comenzaron a ser investigadas luego de que se descubriera que Brenda Uliarte, acusada de participar en el atentado fallido contra la vicepresidenta el 1 de septiembre de 2022, participaba en las manifestaciones del grupo.
La ocasión puso especial énfasis en la marcha en Plaza de Mayo que tuvo lugar la noche del 18 de agosto de ese año, cuando individuos identificados con ese grupo lanzaron antorchas y objetos contra la Casa Rosada.
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