El Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ordenó adoptar las medidas de seguridad necesarias para «garantizar la integridad física» el hacker que admitió haber violado las comunicaciones del exministro de Seguridad y Justicia de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro.
La resolución la firma la jueza María Araceli Martínez y fue remitido al juez de fianzas de turno de la ciudad de Eldorado, Misiones, donde reside Elías Ezequiel Nuñes Pinhiero y su familia, según consta en el documento al que accedió Télam.
El juez Martínez pidió al juez provincial «organizar, a través de la policía y de las fuerzas de seguridad provinciales o de seguridad que estime pertinentes, medidas de seguridad necesarias para garantizar la integridad física” del imputado y su familia.
“Si bien el artículo 38 de la Ley de Procedimiento Penal de la Ciudad de Buenos Aires tiene como objetivo principal regular las prerrogativas de víctimas y testigos, nada impide la aplicación de sus postulados, ‘mutatis mutandis’ (cambiar lo que debe cambiarse), a la situación del imputado”, dijo el juez tras citar el pedido del fiscal en el caso Daniela Dupuy.
“Especialmente -prosiguió- en aquellos casos en que sólo su participación (del imputado) en el proceso, puede provocar miedo justificado a sufrir determinadas consecuencias a su seguridad personal y a la de sus allegados».
«Puesto que eso es así, Considerando la importancia que ha adquirido esta investigación, La pretensión del fiscal es razonable si se evalúa a la luz de lo manifestado por Nuñes Pinheiro y de la visita sospechosa que habría recibido en su domicilio, según lo manifestado por su abogado”, dijo el juez.
Medidas de seguridad también fueron solicitadas por la defensa de Nuñes Pinhiero, los abogados Sebastián Noguera y Marcos Kapko, luego de que desconocidos se acercaran a la casa del imputado en Eldorado y lo buscaran la noche del martes, según pudo reconstruir Télam.
«El juez Martínez pidió al juez provincial a su disposición, a través de las fuerzas de policía o de seguridad provinciales que estime pertinentes, medidas de seguridad necesarias para garantizar la integridad física del imputado y su familia”.
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Ese día, aunque unas horas antes, el joven de 22 años amplió su investigación ante la justicia porteña: allí confirmó que prendió fuego a su propio celular y lo arrojó al río Paraná luego de que fuera llamado como testigo en otra causa judicial porque estaba «asustado», dijeron fuentes judiciales.
Fuentes del caso explicaron que lo hizo tras ser citado como testigo en el expediente iniciado por la denuncia del diputado nacional PRO Diego Santilli, que la jueza María Romilda Servini archivó en diciembre pasado.
En ese caso, fue reconstruido como lo intentaron. violación de las comunicaciones de Santilli con el método «sim swap», Duplicación de la tarjeta SIM, y allí se descubrió que los chips utilizados para el hackeo pasaron por manos de Nuñes Pinheiro, entre otros.
Por otro lado, el joven que amplió la investigación este martes en el expediente que lleva ante el Poder Judicial de Buenos Aires Fue catalogado como imputado y en ese contexto admitió que participó en el hackeo de D’Alessandro.
En su extensión, También precisó el lugar específico donde tiró el celular para que lo buscaran. y dijo que lo hizo luego de comprobar también que sus interlocutores habían borrado de su comunicación los diálogos en los que se comprometía.
En ese contexto, También dio el nombre y datos completos de otra persona a quien le envió 50 fichas en blanco en la provincia de Buenos Aires, informaron fuentes legales.
En una declaración anterior, el imputado admitió que fue contratado para cometer el delito por un usuario del sistema de mensajería Telegram. y que cobró entre 12 y 15 mil pesos con criptomonedas transferidas desde la billetera virtual de pago.
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