
Vecinos, vecinas y la Asamblea de Ciudadanos por la Protección del Medio Ambiente de Gualeguaychú realizarán una nueva movilización el próximo domingo 30 de abril en el Puente Internacional General San Martín, que separa a esa ciudad de Entre Ríos de la ciudad uruguaya de Fray Bentos, exigir el traslado de la planta de celulosa UPM-Botnia y rechazar el establecimiento de una nueva industria de este tipo a orillas del río Uruguay.
19. marcha contra la fábrica de celulosa cerca de la ciudad uruguaya de Fray Bentos y el argentino Gualeguaychú apoyará a la comuna de esa ciudad de Entre Ríos.
“Pasa el tiempo, y exBotnia-UPM sigue funcionando y contaminando, pero eso no es razón suficiente para abandonar las exigencias por la vida y la salud de todos, y sobre todo de las generaciones futuras”, dijo este martes. el alcalde de Gualeguaychú, Martín Piaggio.
Tras la reunión con Martín Alazard y Juan Veronesi, asambleístas, explicó que el municipio trabajará en una serie de piezas de comunicación «Sigue hablando de ‘papeleras no contaminantes’que no hacen más que hipotecar el futuro de argentinos y uruguayos».

El jefe de la comunidad lo apoyó. “Hay que no rendirse y mantener un rechazo muy alto a las plantas de celulosa” y aseveró que “cuidar nuestra agua, aire y suelo es la única forma de comenzar a revertir el enorme daño ambiental causado por décadas y décadas”.
También señaló que «las personas» tienen el «derecho y el deber de cuidar los recursos» y expresarse «por una forma diferente de vivir, menos dañina, menos contaminante y más amigable con el medio ambiente» y invitó a trabajar para que Gualeguaychú “siga siendo un faro mundial del cuidado del medio ambiente y la salud”.
La primera movilización de masas tuvo lugar en abril de 2005 y en noviembre de 2006 se inició el bloqueo de la vía, que se prolongó hasta junio de 2010.
En 2006, Argentina compareció ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya para la instalación de una planta de celulosa europea por parte del gobierno uruguayo en el río que comparte con Argentina.
El tribunal de La Haya, que intervino en el conflicto, advirtió en 2010 sobre el aumento de la contaminación en el curso de agua, pero aclaró que no se puede determinar su origen, y ordenó vigilancia constante en la zona.